2005-10-16
El estado del Estado (sobre el Estatuto)
ANDRÉS NEUMAN



Con el tema del Estatuto catalán, lo primero que habría que decir es que los tertulianos de bar no somos juristas, y la mayoría de políticos que hablan cada día tampoco: para evaluar las consecuencias legales exactas de tal o cual artículo ya están las comisiones designadas al efecto. Lo que sí podemos hacer los ciudadanos, mientras tanto, es intentar enfocar el asunto con la mayor sensatez posible para crear un clima de diálogo, y no de fanatismo.

Convendría recordar que estamos ante un texto titulado ‘Propuesta de Reforma’. Y, como toda propuesta negociada, ni los diputados catalanes pueden pretender que sea aceptada coma por coma, ni sus detractores más furiosos se comportan honestamente cuando lanzan ataques oportunistas antes de que el texto se debata, se corrija y se devuelva a las cortes catalanas. También son absurdas las encuestas que pretenden medir el impacto electoral del Estatuto, antes de que sepamos cuál será el texto definitivo y su destino final. Cualquier comparación con el Plan Ibarretxe es insostenible, porque mientras este disgustaba a la mitad de los vascos y estaba mediatizado por el terrorismo, la propuesta del Estatuto catalán está exenta de violencia y ha sido votada por 120 de 135 diputados. Por eso la petición del PP de que no fuera admitida a trámite o sus teatrales augurios de fractura nacional, tan similares a la reacción que tuvieron ante el Plan Ibarretxe, nos hacen sospechar que dicho partido opina a manivela y guiado sólo por su interés de desgastar al Gobierno.

Sin alarmismos, lo que va a debatirse es la oportunidad de emprender una nueva reforma del Estado español, como se hizo en la Transición. Hay quien esgrime la letra constitucional para vetar cualquier modificación. Pero, si de verdad pensamos que España se ha democratizado y modernizado en las últimas décadas, parece lógico que hoy el país necesite renovar (prudentemente) su Carta Magna. Con su originalidad y amplitud de miras habituales, Rajoy se apresuró a declarar que el Gobierno ha “creado un problema” con el Estatuto. Naturalmente, esto no es cierto pues se trata de una cuestión que viene de antiguo, que interesa a buena parte de la sociedad catalana y fue mencionada en el discurso de investidura de Zapatero. Lo que el Gobierno está haciendo, y esperemos que lo haga con buen juicio, no es crear un problema sino afrontar uno que ya existía. La mayoría de Comunidades Autónomas han manifestado su intención de reformar sus Estatutos. En Andalucía todos los partidos salvo el PP incluyeron ese punto en sus programas, y la Junta aspira a crear una agencia tributaria andaluza. Las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad acometer una reforma. El presidente de la Generalitat valenciana (como Maragall) ha dicho que pedirá “lo máximo dentro de la Constitución”. El PP asturiano ha dicho que si hay alguna nacionalidad histórica en España, “esa es Asturias”. El BNG siempre ha manifestado que hace falta un Estatuto que les reconozca a los gallegos “el derecho a decidir su destino”, y en Canarias se habla de una “oportunidad histórica”. Si algunos políticos conservadores sueñan con que la Historia viva detenida, me temo que se han equivocado de mundo.

En cuanto al irritante revuelo en torno al término ‘nación’, mientras quede clara la definición del Estado y su articulación interna, me parece que estamos ante un debate estético. La reforma propuesta no habla de autodeterminación, sino del “derecho al autogobierno”. Curiosamente, leo el Estatuto de Andalucía y encuentro que su título preliminar empieza diciendo: “Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad…” Es cierto que enseguida menciona la “unidad indisoluble de la nación española”. Pero centrar la discusión en distinguir ‘nación’ de ‘nacionalidad’ sería marear la perdiz. La idea de fondo está clara: se trata de articular, con una lógica más o menos federal, las diversas identidades y autonomías regionales en una unidad estatal que las englobe y distribuya con equidad los recursos. Garantizado esto, me da igual cómo llamen a las partes: patrias, pueblos o escuadrones. A mí eso de las identidades colectivas a lo largo de los siglos nunca me ha convencido. Creo más en los derechos e ideales comunes que en las supuestas continuidades esenciales por las que los castellanos eran visigodos, los del norte eran celtas o los mexicanos, aztecas. Tampoco me hace gracia que Carod sostenga que la palabra ‘nación’ es innegociable porque nadie puede “decirnos lo que somos”, cuando su partido hace eso mismo con los catalanes que han votado al PP o que no se consideran nacionalistas.

Si uno lee el texto de la propuesta, esa contradicción asoma con frecuencia. El preámbulo declara que Cataluña se ha construido con las aportaciones “de muchas tradiciones y culturas”, pero a continuación añade que está definida por “una lengua y una cultura” y que “ha acogido otras lenguas y otras manifestaciones”. Más que ‘acoger’ al castellano, pienso que Cataluña ha sido formada en su seno por dos lenguas distintas, ambas igual de respetables e importantes. También me extraña que, al tiempo que se defiende “la pluralidad de lenguas y culturas” y se ensalza la “diversidad”, el preámbulo insista en que el catalán es la “lengua propia y común de toda la ciudadanía con independencia de su lengua de origen y de uso habitual”. ¿En qué quedamos? ¿Y qué quiere decir que el catalán es la lengua “de uso normal”? ¿Son ‘anormales’ los catalanes castellanohablantes? ¿Son una anomalía Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Enrique Vila–Matas o la editorial Anagrama? ¿Por qué los políticos tienden a inventar conflictos colectivos para ganarse la vida? ¿Y por qué, cuando viajo a Cataluña, tengo la sensación de que la gente no tiene ningún problema en compatibilizar ambas lenguas?

Opino que el texto (que da una de cal y otra de arena) acierta definiendo a España como “Estado plurinacional”, y no veo nada inquietante en que Cataluña pertenezca “a la Unión Europea a través del Estado” o en que ejerza “su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. Los verdaderos problemas están en la financiación o en la desigualdad fiscal. Es allí donde los debates deberían ser minuciosos. Lo crucial es saber si los servicios públicos dependerán de la riqueza de cada región, o si habrá un equilibrio. Una cosa es plantearnos qué clase de Estado queremos, y otra cosa sería plantear un Estado de clases.