2008-09-13
La paz de los sepulcros
ANDRÉS NEUMAN



Desde que el juez Garzón tomó la iniciativa de pedir documentos sobre desaparecidos y fosas comunes en la Guerra Civil y la posguerra, se han sucedido algunas reacciones que van de la frivolidad al cinismo, cuando no a la más lisa crueldad. Más aun considerando que la investigación está en su fase preliminar, y que el objeto de la misma es determinar si el juez es competente o no para afrontar la denuncia presentada por 13 asociaciones por crímenes contra la humanidad atribuidos al régimen franquista. Serán los expertos quienes deban resolver los debates sobre la jurisdicción universal de los crímenes, su prescripción o no, su permanencia por paradero desconocido, o sobre la cláusula Martens del II Convenio de la Haya. Sería irresponsable ponerse a pontificar en términos legales sin ser peritos en la materia. Lo que sí podemos hacer es un análisis social y ético de ciertas reacciones, así como de sus argumentos.

Estas semanas se han oído voces que, en desacuerdo con la iniciativa del juez Garzón, han aludido irónicamente a la Guerra de Independencia y los asesinatos de principios del siglo XIX, insinuando que entonces también deberían investigarse. Olvidan o silencian estos objetores que no sólo hablamos de algo mucho más reciente, sino de decenas de miles de personas que hoy quisieran saber dónde yacen sus padres o abuelos, para enterrarlos en paz. De gente todavía viva que fue privada de sus parientes directos e incluso de sus restos. Eso, cuando sucede en otros países, lo llamamos desaparecidos. Aplaudimos que nuestra justicia se implique en los casos de Chile, Argentina, China o Tíbet. Pero aquí no. Aquí parece que somos demasiado europeos, ricos y amnésicos como para tener desaparecidos. Hablar de las guerras carlistas o de Fernando VII implica no saber diferenciar entre ciudadanos actuales que crecieron viendo sus familias mutiladas, con tremendos efectos íntimos en el presente, y unos remotísimos parentescos con víctimas de otras épocas que, en el mejor de los casos, serían tátara-tatarabuelos a quienes jamás se habrán visto en retratos. Porque entonces ni siquiera existían las fotos. Ni, huelga decirlo, el concepto internacional del genocidio. Ni la figura de los crímenes de lesa humanidad. ¿Son suficientes diferencias? ¿O seguimos jugando a preguntarle al juez Garzón por qué no investiga las agresiones entre neandertales?

Otra de las objeciones más frecuentes es la de invocar los crímenes de guerra, siempre tan lamentables como inevitables. Esta objeción resulta especialmente preocupante. Algunos hablan como si la Guerra Civil hubiera ocurrido un buen día de pronto y sin antecedentes legales. Una cosa es admitir que, en efecto, hay atrocidades que ocurren por la trágica suspensión de los derechos elementales durante cualquier guerra. Y otra cosa es omitir que, antes de la Guerra Civil y sus devastadores efectos en ambos bandos, tuvo lugar un golpe de Estado a un gobierno democrático, votado mayoritariamente por la ciudadanía española. Golpe militar que violó lo que hoy todos los partidos, incluidos los conservadores, denominan solemnemente el “Estado de Derecho”.

Fue precisamente la violación de ese derecho lo que provocó que en Granada, como en otras ciudades, el acalde democrático de turno, Manuel Fernández Montesinos, fuese detenido y fusilado. Igual suerte corrió un alcalde granadino anterior, José Palanco Romero, hoy olvidado. E igual suerte corrieron miles de personas anónimas que acabaron en una fosa común igual que Lorca. En ese momento no había una simple guerra: había una legalidad vigente contra la que un bando militar estaba atentando. No ser capaz de distinguir conceptualmente entre una guerra clásica y una serie de secuestros, derrocamientos y fusilamientos cuyo objetivo es interrumpir una legislatura democrática, resulta grave para un país europeo que presume de modernidad democrática. No se trata de dividir a los muertos en buenos y malos. Una vez consumado el conflicto bélico hubo, por supuesto, dolor y víctimas inocentes en ambos bandos. Pero el bando vencedor fue uno solo. Quienes se oponen a la investigación invocan la fatalidad de las guerras, pero no quieren hacerse cargo de quién ganó esa guerra y cómo gestionó la memoria nacional.

Tampoco pude comprender la primera reacción del señor rector de la Universidad de Granada. En un extraño alarde de mala voluntad, tanto él como el acalde advirtieron públicamente de antemano que no encontrarían mucha información, como si ellos mismos se hubieran pasado años rebuscando esos papeles. El señor rector se extrañó, además, de que a otros rectores no se les pidiera lo mismo. Que es como decir: es cierto que aquí secuestraron a profesores, pero, oiga, en Salamanca fueron más, ¿por qué me pregunta a mí? Con esa lógica, ningún crimen merecería una documentación, porque siempre habrá otros más numerosos. ¿No están las universidades y sus cátedras de Historia para conocer y entender lo mejor posible el pasado? ¿O es que este pasado es demasiado nuestro como para querer investigarlo?

Sé que es tentador declararse neutral: a nadie le gusta recordar tragedias. El problema es que la postura de negarse a desenterrar cierto pasado no resulta, en realidad, en absoluto neutral; y, quiérase o no, es una toma de partido activa, pues implica impedirle a mucha gente que cierre su luto. Para cerrar las tumbas (y todos queremos cerrar de una vez las de hace setenta años), primero esas tumbas necesitan existir. La célebre paz de los sepulcros requiere al menos eso: un sepulcro, un lugar, unas actas. Mal descansan los vivos cuando hay muertos despiertos por falta de hospedaje.