2008-06-28
Europa en apuros
ANDRÉS NEUMAN



La celebración de la Eurocopa no debería hacernos olvidar el duelo por Europa. La negativa de Irlanda a ratificar el Tratado Constitucional le ha dado un golpe casi definitivo a la posibilidad de que en la próxima década exista una política exterior europea. Lo que habrá en los años venideros, por medio de los decepcionantes mínimos del Tratado de Niza, es más o menos lo que tenemos ahora: un mercado común, una moneda común y unas cuantas directivas generales que en cada uno de los países son aceptadas sólo cuando benefician inmediatamente la economía nacional, y que en caso contrario son vistas con recelo o incluso rechazadas con miopía. Ni rastros, por el momento, de una visión transnacional a medio plazo en lo que a política exterior o progreso social se refiere. ¿Cuántas décadas más tardarán los gobiernos nacionales (y nacionalistas) en asumir lo urgente que resulta hacer ciertas concesiones locales para asegurar la fortaleza de Europa? Cuando los políticos se llenan la boca y los bolsillos hablando del futuro de nuestros hijos, olvidan mencionar que esos hijos también serán europeos y vivirán en un continente que funcionará con las reglas, las garantías y la justicia que les dejemos.

Claro que, por su parte, los presidentes y líderes de la Unión llevan algunos años haciendo poco, muy poco, por entusiasmarnos con ese necesario proyecto. No sólo se elimina de los tratados comunes cualquier propuesta profundamente social, no sólo se invocan los principios más conservadores y neoliberales. Sino que además se continúan impulsando medidas tan mezquinas, inhumanas y contraproducentes como las 65 horas laborables o la pena carcelaria para los inmigrantes ilegales. Como escribió hace poco Joschka Fischer, ex ministro de Exteriores alemán, la causa principal de que la UE todavía sea un asno que se sueña un caballo de carreras es que, en la actualidad, hay demasiados miembros que parecen estar conformes con el asno, o que quizá ni siquiera aspiren a tener otra cosa. Fischer llega incluso a plantear (y resulta triste pero quizá también lógico) que, de seguir así las cosas, a lo mejor habría que repetir la estrategia emprendida con la adopción del euro, articulando Europa en dos grupos asociados: uno que se limite a mantenerse en el marco del presente mercado común, y otro más comprometido que acometa y logre la plena integración política de la Unión Europea.

Si el 12 de junio Irlanda rechazó tercamente el nuevo tratado, apenas tres días antes había sido el propio Consejo de la UE el que emborronó un poco más el sueño continental. Aunque la directiva sobre la media máxima de 48 horas de trabajo semanales no haya variado, la grieta social que acaba de abrir el Consejo es preocupante. Si se quería progresar en bienestar y derechos, resultaba completamente necesario derogar de una vez el llamado ‘opt-out’ individual, o sea la infracción legal de dicho máximo de horas, pactada directamente entre el trabajador y el empresario, hasta llegar a la bestial cifra de 65 horas semanales. A nadie se le escapa que, aunque dicha excepción sea voluntaria y por un tiempo limitado, la consecuencia es que, por lo bajini, los empresarios tienen un factor más de explotación encubierta con el que contratar y presionar al personal. Si alguien puede ‘optar’ legalmente por trabajar mucho más de lo establecido por la ley, ¿qué pasará con el trabajador que reivindique su legítimo, elemental derecho a no traspasar el máximo de horas? Así es como en el Reino Unido, principal defensor de este sistema, hoy casi cinco millones de personas trabajan más de 48 horas semanales. Sarkozy admira esta circunstancia y está deseando aplicarla en toda Europa. Supongo que su ideal económico sería regresar a la época de las fábricas del XIX, cuando un obrero era un mártir y se daba por sentado que debía pasarse más de medio día trabajando, hasta caer extenuado.

Esperemos que este dislate sea rectificado por el Parlamento Europeo, aunque teniendo en cuenta la ola neoliberal que invade Francia e Italia, el asunto es muy dudoso. Será, me temo, una reivindicación urgente que tendrá que encabezar un puñado de países como Suecia, Holanda, Bélgica y quiero creer que España. España: este país que jamás habría podido ser lo que es ahora si, entre los años 50 y 70, esos dos millones de españoles que emigraron (muchos de ellos de forma ilegal, para regularizarse más tarde) hubieran sido brutalmente encarcelados en los países donde encontraron trabajo y sustento para sus familias. Esas mismas familias que hoy se sienten tan europeas con la que más.